La escalada del conflicto en Irán ya empieza a reflejarse en los mercados energéticos internacionales, con el petróleo superando los 80 dólares y el gas natural avanzando con fuerza. Este encarecimiento no solo anticipa presiones inflacionarias globales, sino que plantea un escenario especialmente delicado para América Latina y, en particular, para Perú, cuya estructura energética enfrenta tensiones internas adicionales.
El impacto para la región es casi automático. América Latina importa una parte relevante de combustibles refinados y está expuesta a los precios internacionales del crudo. Cuando el barril sube, el efecto se traslada rápidamente a los costos de transporte, generación eléctrica e insumos industriales. Esto termina presionando los precios al consumidor, incluso en economías que no dependen directamente del suministro del Golfo Pérsico. Además, las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz añaden un componente logístico que eleva primas de riesgo y seguros, encareciendo aún más las cadenas de suministro.
En el caso peruano, el escenario es más sensible. A la presión internacional se suma una contingencia interna: tras la fuga y deflagración en el yacimiento de Camisea en Cusco, el Ministerio de Energía y Minas del Perú declaró en emergencia el suministro de gas para acelerar los trabajos técnicos necesarios. Paralelamente, la empresa Cálidda informó restricciones en la venta de gas vehicular para particulares en Lima, lo que generó largas filas en estaciones de servicio.
Este doble choque —externo e interno— obliga a depender en mayor medida del petróleo, un recurso más costoso y limitado en el actual contexto. Si el crudo mantiene niveles elevados o continúa subiendo, el impacto podría sentirse con rapidez en el precio de los combustibles, el transporte urbano, la logística empresarial y, finalmente, en la canasta básica. En un país donde el componente energético tiene fuerte incidencia en la estructura de costos, el efecto cascada puede ser significativo.
En América Latina, varios gobiernos monitorean la evolución de los precios para evitar desanclajes inflacionarios que obliguen a ajustes monetarios más restrictivos. Si la presión energética persiste, los bancos centrales podrían verse forzados a mantener tasas elevadas por más tiempo, afectando el crédito y la inversión. En Perú, el equilibrio será especialmente delicado: contener la inflación sin frenar una economía que aún muestra signos de recuperación desigual.
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